Monthly Archives: enero 2023

Para la construcción de una obra, conseguir un contrato es un proceso complejo, ya sea por negociaciones con agentes privados o por concurso público.

Además de la documentación necesaria y los requisitos que solicita el contratista, estos proyectos suelen requerir una garantía del cumplimiento de los trabajos solicitados.

Una de las mejores soluciones para cumplir este requisito es el seguro de caución, el cual permite indemnizar al asegurado en caso de incumplimiento con los términos definidos en el acuerdo. Así lo señalan los expertos del Consorcio Europeo de Avales, quienes destacan los múltiples beneficios de este tipo de seguros.

HERRAMIENTA DE GARANTÍA EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CON EL SEGURO DE CAUCIÓN

Una garantía de pago anticipado es un tipo de aval que permite a los compradores recuperar sus pagos anticipados, en caso de que el vendedor correspondiente incumpla con los términos y condiciones bajo los que comercializa sus bienes o servicios. En el sector de la construcción, este tipo de avales se establece a través de una garantía de fiel cumplimiento mediante seguro de caución, o performance bond. Este consiste en una fianza emitida por una compañía de seguros, con el fin de garantizar la finalización satisfactoria de un proyecto por parte de un contratista.

Este tipo de seguros son contratados por el ejecutor o contratista del proyecto, y presentados como garantía ante el propietario que solicita sus servicios. Este último, a su vez, actúa como beneficiario en caso de que el contratista no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales, en cuyo caso, recibe una indemnización por parte de la compañía aseguradora. El importe de estas garantías de cumplimiento puede oscilar entre un 5 % y 10 % de la cantidad ofertada, sin tomar en cuenta el IVA, y para su emisión también son necesarios los avales de anticipo.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL SEGURO DE CAUCIÓN COMO HERRAMIENTA FINANCIERA?

El seguro de caución es un vehículo financiero no bancario que, directa o indirectamente, ayuda a mejorar la gestión financiera las empresas que llevan a cabo este tipo de proyectos. Como indica Emilio Vargas, CEO de Consorcio Europeo de Avales, “contratar un seguro de caución tiene numerosos beneficios. Además de que funciona igual que un aval, conlleva ciertas ventajas respecto a los avales bancarios y los SGR. Es un sustituto perfecto para garantizar un acuerdo obligado entre partes, exactamente igual que un aval”.

Utilizar una póliza de caución permite a estas empresas reducir el riesgo financiero CIRBE, así como mejorar sus scorings bancarios. Es por ello que Consorcio Europeo de Avales recomienda el uso de esta herramienta en este tipo de contratos, cuya tramitación, además representa una de sus especialidades. A través de su equipo de profesionales, esta organización ofrece una gestión eficiente e integral en la gestión de este tipo de seguros, mediante una metodología de trabajo que se adapta a las necesidades de cada compañía que solicita sus servicios.

Este 25 de enero termina el plazo legal para que el millar de proyectos de renovables (eólicos y fotovoltaicos) pendientes de recibir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de las administraciones central y autonómicas obtengan una respuesta (positiva o negativa) para poder continuar con la construcción de las plantas y mantener los permisos de acceso y conexión que habían recibido en su momento de Red Eléctrica.

Aunque Gobierno y comunidades autónomas disponen aún de la jornada del miércoles para notificar sus resoluciones a los afectados, fuentes políticas confirman que el Ministerio para la Transición Ecológica ha evaluado todas las DIA con los expedientes completos (esto es, con todos los informes preceptivos y las subsanaciones en regla) que le correspondía analizar, esto es, los que superaban los 50 MW de capacidad.

Las mismas fuentes aseguran que la mayor parte de estas declaraciones, entre un 70% y un 80%, han resultado favorables (muchas con condiciones) y el resto, han sido negativas o se han archivado. Aunque en noviembre las asociaciones sectoriales (UNEF y la AEE) calculaban que estaban pendientes de la declaración de impacto ambiental unos 80.000 MW (60.000 MW fotovoltaicos y 19.000 MW eólicos) a principios de este año solo quedaban encima de la mesa 60.000 MW, después de que muchos promotores decidiesen abandonar proyectos por 20.000 MW.

Aunque en el caso de las DIA correspondientes a las comunidades autónomas (responsables de los permisos a plantas de menos de 50 MW), se desconoce el resultado, se ha podido constatar una aceleración de los procesos en las últimas semanas. Los gobiernos autónomos se han puesto las pilas ante la decisión del departamento que dirige Teresa Ribera de no prorrogar el plazo (hubiese sido la tercera vez) ante lo que consideraba una dejadez de los gobiernos autónomos.

El resultado varía según las comunidades, pero se da por hecho que hay tres que no han llegado a tiempo: Galicia, Comunidad Valenciana y Cataluña, según fuentes del sector. Otras, como Extremadura, las habían evaluado todas hace tiempo, y Castilla-La Mancha y Andalucía han llegado in extremis. La propia Xunta de Galicia reconoció el pasado viernes que había resuelto las DIA de 92 proyectos eólicos de los 140 que tramitaba. De aquellas, 28 habían sido negativas, por lo que solo disponía de cinco días para dar vía libre a las 48 restantes. Fuentes del sector aseguran que el gobierno gallego había advertido a las afectadas que no llegarían a tiempo.

A principios de año, de las DIA pendiente para los citados 60.000 MW, se habían resuelto un tercio del total (20.000 MW)), en su gran mayoría con resultado positivo. Pero en las últimas semanas, las resoluciones publicadas en los boletines oficiales se han multiplicado. En cualquier caso, recuerdan fuentes empresariales, los datos exactos no se conocerán hasta dentro de un mes, cuando REE comunique los permisos de acceso que haya revocado por no haber obtenido la DIA, tanto porque esta haya resultado negativa, como por no haber recibido la respuesta de la administración. Y es que, aunque muchas se hayan resuelto en los últimos días, podrían publicarse oficialmente en las próximas semanas.

En ambos casos, a las empresas se les devolverán sus avales, aunque muchas habían realizado inversiones ante la confianza de que recibirían luz verde. Las que directamente no hayan recibido respuesta, podrían iniciar recursos contencioso administrativos contra las comunidades autónomas y reclamar daños y perjuicios, el más importante, la pérdida del acceso a las redes otorgadas por el operador del sistema.

La urgencia a la que han sido sometidos los gobiernos regionales, que confiaban en un nuevo aplazamiento por parte del ministerio, ha provocado, según denuncian algunos inversores, que se hayan rechazado muchos proyectos solo por falta de tiempo. Han preferido resolver negativamente las DIA antes que terminar en los tribunales. Según critican en el sector, Navarra y Castilla y León, “han ido a saco” y las han denegado “para curarse en salud”.

Otras fuentes recuerdan que muchas empresas, en la creencia de que el ministerio era más duro que las consejerías autonómicas, trocearon sus parques y plantas en unidades inferiores a 50 MW para someterse al escrutinio regional, por considerarlo más ágil o benevolente. El tiempo ha demostrado, en el caso de algunas comunidades, que dicha percepción era equivocada.

Una promotora inmobiliaria incurre en varios gastos durante la ejecución de nuevas obras, como la construcción del proyecto, su comercialización, servicios financieros, profesionales y varios otros rubros. Sin embargo, uno de los que representa especial complejidad para estas empresas es la adquisición del suelo.

Financiar este elemento puede ser una tarea difícil, según los costes y la extensión del terreno que requiere el proyecto. En este contexto, existe una figura que viene ganando popularidad entre los promotores, la permuta de suelo. Así lo recalcan los expertos de Consorcio Europeo de Avales, especialistas en la obtención de avales de permuta.

Una solución para los promotores: la permuta de suelo

Los costes de adquirir el suelo para un proyecto inmobiliario suponen un fuerte gasto para la promotora, el cual no se puede financiar con anticipos de los compradores o inversores. Estos anticipos solo se pueden utilizar en la financiación del proyecto una vez que se ha obtenido la licencia de obras, la cual, a su vez, solo se puede obtener cuando se ha adquirido el suelo para el proyecto.

Frente a este contexto, la permuta de suelo representa una solución eficaz para gestionar esta adquisición. Este procedimiento consiste en un intercambio no monetario entre dos agentes, en el que un determinado propietario entrega sus terrenos al promotor, a cambio de una parte del futuro proyecto inmobiliario, como algunas viviendas, garajes o plazas de parking.

En otras palabras, el propietario entrega su suelo para que el promotor desarrolle su proyecto y, a cambio, no recibe un pago en metálico, sino un compromiso de que recibirá parte del proyecto inmobiliario, una vez que este sea concluido. Esto implica que los promotores deben entregar un aval o seguro de caución en estos casos, con el cual garantizan al propietario una indemnización monetaria, en caso de que el proyecto sea cancelado por cualquier circunstancia.

Asistencia especializada para conseguir avales de permuta

Este tipo de permuta acarrea varios beneficios para las promotoras inmobiliarias, ya que les permite gestionar la compraventa de suelo sin la necesidad de invertir sus capitales en ello, de modo que pueden utilizar estos recursos para otros gastos importantes en el proyecto. También representa un importante beneficio para el propietario, ya que al final de la operación recibe una o varias propiedades inmobiliarias, sin necesidad de invertir en su construcción. Además, puede generar rentas con su alquiler o venderlas en el futuro, si lo considera oportuno.

Sin embargo, el vendedor del suelo necesita una garantía de que recibirá dichas propiedades en un periodo máximo establecido. Es ahí donde entra en juego el Consorcio Europeo de Avales, cuyos servicios ayudan a gestionar los avales de permuta que requieren este tipo de operaciones. Su equipo de profesionales expertos trabaja con las principales aseguradoras y entidades crediticias en el mercado, con el fin de ofrecer varias posibilidades en este ámbito a los promotores, para ayudarlos a concretar este tipo de negocios.

Los seguros de caución garantizan el cumplimiento de obligaciones legales o contractuales. Su función es hacer que ambas partes se comprometen a cumplir con lo acordado.

De esta manera, el asegurado puede ser indemnizado por los daños que pueda provocar el contratante. Además, son un requisito de ley para que diferentes tipos de empresas puedan iniciar sus actividades comerciales.

Por otro lado, son un tipo de seguro que no computa en CIRBE, la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Consorcio Europeo de Avales ofrece este servicio de manera personalizada.

Resultados de Consorcio Europeo de Avales y su misión para el 2023

Consorcio Europeo de Avales es una correduría que ofrece asesoramiento y contratación de pólizas de seguros y reaseguros de caución. En el año 2022, cerró su ejercicio con 650 millones de euros concedidos en avales para empresas promotoras de energías renovables. Además, entre su oficina de Madrid y Sevilla, logró un crecimiento del 35 % en comparación al año anterior.

Gran parte de este éxito se debe a la atención personalizada, ya que los clientes han logrado resolver todas sus dudas conversando con profesionales del área. Asimismo, la innovación permite dar soluciones únicas en el mercado y distanciarse de su competencia. Por su parte, estar constantemente actualizados facilita la selección de los seguros más acertados en cada empresa.

De acuerdo a Emilio Vargas, CEO de esta correduría, para el año 2023 se pretende potenciar las colaboraciones con otras corredurías de caución. El objetivo es ser un bróker con las primas más rentables del mercado y también brindar un servicio especializado que satisfaga las necesidades de sus clientes.

¿Qué tipo de empresas deben contratar este seguro de caución?

Este tipo de seguros es exigido en diversos sectores. En primer lugar, las empresas de energías renovables deben contratarlos para solicitar avales de punto de conexion. Asimismo, las empresas de construcción son otra de las compañías que deben aportar avales de afianzamiento y avales de permuta. Por último, este requisito es obligatorio para las aduanas e importaciones, los aplazamientos de impuestos, las empresas de trabajo temporal y minas, entre otros negocios.

Cada uno de los casos es distinto, por esto, el asesoramiento profesional puede guiar los procesos individuales. En este sentido, Consorcio Europeo de Avales se encarga de estudiar el nicho de la empresa y la situación para encontrar el mejor seguro. Sus clientes, actualmente, son compañías nacionales e internacionales, pequeñas y medianas.

Más allá de ser un requisito de ley, los seguros de caución facilitan el desarrollo de las actividades comerciales. Por esta razón, el bróker tiene más de 13 millones en primas de avales gestionados.

La sostenibilidad y el uso de energías renovables dejaron de ser hace tiempo una apuesta arriesgada para pasar a ser hoy una realidad no solo en España, sino también en el resto del mundo. Anualmente, son miles los proyectos de energías renovables que inician, pero también que llegan a su construcción.

En el caso de estos últimos, es necesario contar con el aval de desmantelamiento, un requisito obligatorio cuando se procede a finalizar y desmantelar un proyecto de este tipo. Ahora mismo, Consorcio Europeo de Avales es uno de los brókers más especializados en lo referente a caución en España y en el sector renovable para la obtención de avales de desmantelamiento.

¿Qué son los avales de desmantelamientos?

Todo proyecto de energía renovable alcanza su final en algún momento. Cuando esto sucede, está establecido que la infraestructura de estos proyectos debe presentar un aval de desmantelamiento para de esta manera restaurar los terrenos en donde se han llevado a cabo, en caso de que algún día la planta fotovoltaica o parque eólico se desmantele.

Básicamente, se trata de un aval requerido por un ente público, dirigidos a desmantelar un proyecto de energías renovables. Este aval tiene un importe, el cual no es fijo, sino que puede variar de una comunidad a otra. Aun así, fundamentalmente, lo que se hace en cualquier caso es fijar una cantidad por KWP.

El reclamo del aval de desmantelamiento lo realiza la Administración, una vez que se ha obtenido una resolución favorable de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Adicionalmente, se debe haber recibido también una autorización administrativa previa.